En el PPEF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone disminuir los recursos para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en un 29.3%. Contrario a esta tendencia, la CONAPESCA recibiría un 20.7% más para cubrir sus gastos administrativos, pero el INAPESCA recibiría 65.2% menos recursos del Programa de Educación e Investigación en relación con lo asignado para este año.

De los Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable de la SADER, que otorgan subsidios a través de la CONAPESCA, los Programas de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, tanto en los rubros de competitividad, como de medio ambiente y de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria sufrieron recortes de 72%, 62.3% y 9.2% respectivamente. Por otro lado, los Programas de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, y de Concurrencia con las Entidades Federativas no están contemplados en el diseño del gasto público propuesto para el próximo año.

Sobre los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en el sector pesquero y acuícola, la SHCP contempla ahora un nuevo programa para el que se destinarían 17 millones de pesos.

Cabe señalar que el PPEF 2020 reportado en la plataforma de Transparencia Presupuestal para la CONAPESCA, bajo el concepto de “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” equivale a más de 596 millones de pesos. Cerca de 200 millones de pesos más para los programas de subsidios que lo reportado en el documento del Proyecto de Decreto entregado por la SHCP a la Cámara de Diputados.

Baja California Sur, 8 meses de resistencia por un refugio

En Agua Verde, Baja California Sur, la última visita de inspectores fue hace ocho meses. A diferencia de su estado vecino en el norte, aquí la pandemia dificulta la vigilancia.

Enrique León, de 45 años de edad y pescador de toda la vida, también ha tomado el trabajo de inspector. Ante la falta de vigilancia en la zona de refugio pesquero del corredor San Cosme – Punta Coyote, la Sociedad Cooperativa Islote de Agua Verde se organiza para dar sus propios rondines.

En total hacen ocho recorridos al mes: cuatro de noche y cuatro de día. Los pescadores son los guardianes del refugio donde se protegen especies como la sardina, la macarela y el calamar. Principalmente ante la amenaza de municipios vecinos como Ensenada Blanca y Ligüí, a una hora de camino.

“Llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo por el mar que nos pertenece. Estaba escaseando el producto y entraban muchos pescadores furtivos, varios pescan a la orilla del refugio, muchos de ellos ya se acabaron con su propio producto y ahora vienen aquí, a querer sacar para su sustento”, aclaró Enrique.

Pese a este contexto, Baja California Sur es el segundo estado con mayor número de recorridos acuáticos, 194 en lo que va de este año.

Este 2021 ocupa el séptimo lugar en el Índice de Efectividad con un promedio del 0.747. Mientras que desde 2013 el promedio de su valor anual lo coloca en el número uno de los preparados en el combate a la pesca ilegal.

“La pesca furtiva es un problema que siempre ha estado presente y nunca se ha tomado una medida precautoria. Se ha olvidado”, comentó el analista Arturo Cisneros.

“¿Si los datos se acercan a la realidad? No puedo decir qué tanto pero definitivamente hay fallas en lo reportado. Siempre existe ese hueco, en encuestas o en cualquier dato que se maneje tienes una variación. Es necesario un trabajo de campo para tener las dos partes”, agregó Cisneros.

El corredor San Cosme
El corredor San Cosme – Punta Coyote es una de las zonas de refugios pesqueros más grandes en México. Foto:
Elizabeth Ruíz / Cuartoscuro

Guerrero, la tierra de los olvidados

“La misma canción”, así se refiere Daniel Pérez a la inseguridad que se vive en la lucha contra la pesca furtiva. “Como en todo el país, es la misma canción”, repite el pescador y presidente de la Sociedad Cooperativa Isla de Ixtapa en Zihuatanejo.

A diferencia de Baja California, en Zihuatanejo, Guerrero, cuando las autoridades fallan en la inspección y vigilancia, los pescadores deben esperar a que mejore. No pueden organizar sus propios rondines por dos motivos: inseguridad y falta de recursos.

Aún así, “el tema de la inspección y vigilancia parece estar mejor que antes”, señaló Pérez.

Aunque la presencia de inspectores en el último año sea mayor, como comentó Daniel Pérez, Guerrero es una tierra olvidada cuyo promedio de efectividad este 2021 es de cero. A esto se unen otras problemáticas, principalmente la reducción de subsidios, la falta de dispersión del programa Bienpesca, los carentes motores y artes de pesca efectivas, la pandemia de Covid-19, entre otras.

“Aquí en Zihuatanejo hay pescadores que no están adheridos a una cooperativa, no tienen papeles y no respetan las vedas. Pero incluso nosotros tenemos embarcaciones que no están dentro de los permisos porque en 2014 se hizo el último ordenamiento pesquero donde muchas lanchas se quedaron sin permiso”, agregó Daniel.

En la batalla contra las múltiples caras de la pesca furtiva, organizaciones como Oceana apuestan por la creación de un censo sobre las comunidades pesqueras. Esto con el objetivo de tener más información para implementar políticas públicas que ayuden al sector y protejan la riqueza marina.

Arturo Cisneros de Causa Natura coincide e insiste en un diagnóstico efectivo: evaluar la población, las áreas más afectadas y analizar qué tipo de afectaciones hay. También se considera fundamental el uso de la tecnología, similar a países como Chile y Perú donde se implementa un monitoreo satelital y GPS para detectar actividades ilícitas en la pesca.

“Faltan políticas públicas, inspección y vigilancia y presupuesto; entregar datos reales al momento, un monitoreo basado en tecnología contra el problema olvidado de la pesca”, señaló Cisneros.

Rondines por el mar mañana y noche para proteger especies en riesgo. Pescas furtivas para conseguir dinero y comida. Embarcaciones armadas y lideradas por el crimen organizado. Desde Baja California hasta Guerrero, la pesca ilegal es el monstruo que navega por los litorales de México. La mayoría de las ocasiones se pasea ante pescadores de la zona, inspectores y marinos. En cada estado costero tiene una cara diferente.

Este año Baja California, Michoacán y Yucatán ocupan los primeros lugares en el Índice de Efectividad en Inspección y Vigilancia Pesquera realizado por Causa Natura.

La más reciente actualización de este trabajo incluye datos de enero a mayo 2021 que posicionan a 15 de los 17 estados costeros como los mejor evaluados.

Sólo Jalisco y Guerrero están en las posiciones más bajas con promedios de 0.12 y 0.0, respectivamente. La información es otorgada por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) vía solicitudes de transparencia.

Pero hasta los datos lucen menos complejos que la realidad. Incluso para Baja California, la entidad que constantemente ocupa los primeros lugares en acciones de inspección y vigilancia.

“Sí, las autoridades hacen sus recorridos. Está la Guardia Nacional, la Marina, la Profepa, la Conapesca, todas las autoridades que tú quieras mencionarme están aquí. Pero no encuentran a nadie, no capturan a nadie. Hacen sus informes y todo es color de rosa, está perfecto, no pasa nada y la realidad es otra”, declaró José, miembro de la Federación de Cooperativas Ribereñas “Andrés Rubio Castro” en el puerto de San Felipe, a dos horas de Mexicali.

Para este reportaje, el verdadero nombre de José tuvo que ser cambiado por motivos de seguridad. “Acá el tema con el crimen organizado está muy peligroso”, comenta al inicio de la entrevista.

Baja California, donde las armas gobiernan

A diferencia de otros estados, en el Alto Golfo de California la pandemia de coronavirus no interrumpe a la pesca ilegal.

“No es cuestión de la pandemia, simple y sencillamente no hay una autoridad que ponga orden en esta zona. Cuando se viene la temporada fuerte de pesquería, si alguna patrulla interceptora de la Marina se acerca a las zonas ilegales, son ellos quienes corretean a las autoridades. Es algo fuera de lo normal”, describió José, pescador de la cooperativa de San Felipe, Baja California,

A pesar de esto, la Conapesca reportó ante Causa Natura que en 2021, Baja California es el segundo estado con mayor número de actos de vigilancia para el combate a la pesca furtiva alcanzado los 2 mil 125. En cuanto a recorridos terrestres, ocupa el tercer lugar con 672.

Otro reporte de este año es el incremento de elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Su presencia responde a la propuesta de reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para trasladar a Semar las acciones de inspección y vigilancia; tareas que siempre desempeñó la Conapesca.

Pero la transferencia de responsabilidades no atiende el problema de raíz, sólo está aventando el problema a otra institución, declaró Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana México, en un comunicado de la organización tras la noticia de la propuesta el año pasado.

“El problema es que no tenemos un diagnóstico. Para empezar a visualizar la pesca ilegal, se debe saber qué está pasando y por qué está pasando. Situar una problemática, ver qué población está siendo afectada, las zona que afecta y de allí diseñar una política pública que realmente ayude a disminuir estos actos ilícitos”, agregó Arturo Cisneros, analista de datos de Causa Natura y responsable de la actualización del Índice de Inspección y Vigilancia.

En la espera de nuevos diagnósticos, las aguas de Baja California se convierten en terreno minado. Los pescadores regulados comentan en sus cooperativas sobre la presencia de embarcaciones armadas, lo que inhibe sus jornadas de pesca.

Baja California Sur, 8 meses de resistencia por un refugio

En Agua Verde, Baja California Sur, la última visita de inspectores fue hace ocho meses. A diferencia de su estado vecino en el norte, aquí la pandemia dificulta la vigilancia.

Enrique León, de 45 años de edad y pescador de toda la vida, también ha tomado el trabajo de inspector. Ante la falta de vigilancia en la zona de refugio pesquero del corredor San Cosme – Punta Coyote, la Sociedad Cooperativa Islote de Agua Verde se organiza para dar sus propios rondines.

En total hacen ocho recorridos al mes: cuatro de noche y cuatro de día. Los pescadores son los guardianes del refugio donde se protegen especies como la sardina, la macarela y el calamar. Principalmente ante la amenaza de municipios vecinos como Ensenada Blanca y Ligüí, a una hora de camino.

“Llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo por el mar que nos pertenece. Estaba escaseando el producto y entraban muchos pescadores furtivos, varios pescan a la orilla del refugio, muchos de ellos ya se acabaron con su propio producto y ahora vienen aquí, a querer sacar para su sustento”, aclaró Enrique.

Pese a este contexto, Baja California Sur es el segundo estado con mayor número de recorridos acuáticos, 194 en lo que va de este año.

Este 2021 ocupa el séptimo lugar en el Índice de Efectividad con un promedio del 0.747. Mientras que desde 2013 el promedio de su valor anual lo coloca en el número uno de los preparados en el combate a la pesca ilegal.

“La pesca furtiva es un problema que siempre ha estado presente y nunca se ha tomado una medida precautoria. Se ha olvidado”, comentó el analista Arturo Cisneros.

“¿Si los datos se acercan a la realidad? No puedo decir qué tanto pero definitivamente hay fallas en lo reportado. Siempre existe ese hueco, en encuestas o en cualquier dato que se maneje tienes una variación. Es necesario un trabajo de campo para tener las dos partes”, agregó Cisneros.

El corredor San Cosme
El corredor San Cosme – Punta Coyote es una de las zonas de refugios pesqueros más grandes en México. Foto:
Elizabeth Ruíz / Cuartoscuro

Guerrero, la tierra de los olvidados

“La misma canción”, así se refiere Daniel Pérez a la inseguridad que se vive en la lucha contra la pesca furtiva. “Como en todo el país, es la misma canción”, repite el pescador y presidente de la Sociedad Cooperativa Isla de Ixtapa en Zihuatanejo.

A diferencia de Baja California, en Zihuatanejo, Guerrero, cuando las autoridades fallan en la inspección y vigilancia, los pescadores deben esperar a que mejore. No pueden organizar sus propios rondines por dos motivos: inseguridad y falta de recursos.

Aún así, “el tema de la inspección y vigilancia parece estar mejor que antes”, señaló Pérez.

Aunque la presencia de inspectores en el último año sea mayor, como comentó Daniel Pérez, Guerrero es una tierra olvidada cuyo promedio de efectividad este 2021 es de cero. A esto se unen otras problemáticas, principalmente la reducción de subsidios, la falta de dispersión del programa Bienpesca, los carentes motores y artes de pesca efectivas, la pandemia de Covid-19, entre otras.

“Aquí en Zihuatanejo hay pescadores que no están adheridos a una cooperativa, no tienen papeles y no respetan las vedas. Pero incluso nosotros tenemos embarcaciones que no están dentro de los permisos porque en 2014 se hizo el último ordenamiento pesquero donde muchas lanchas se quedaron sin permiso”, agregó Daniel.

En la batalla contra las múltiples caras de la pesca furtiva, organizaciones como Oceana apuestan por la creación de un censo sobre las comunidades pesqueras. Esto con el objetivo de tener más información para implementar políticas públicas que ayuden al sector y protejan la riqueza marina.

Arturo Cisneros de Causa Natura coincide e insiste en un diagnóstico efectivo: evaluar la población, las áreas más afectadas y analizar qué tipo de afectaciones hay. También se considera fundamental el uso de la tecnología, similar a países como Chile y Perú donde se implementa un monitoreo satelital y GPS para detectar actividades ilícitas en la pesca.

“Faltan políticas públicas, inspección y vigilancia y presupuesto; entregar datos reales al momento, un monitoreo basado en tecnología contra el problema olvidado de la pesca”, señaló Cisneros.

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